La Justicia volvió a intimar al Gobierno por los salarios y las becas universitarias
Nico Vedia
La Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional que cumpla con la medida cautelar que ordena aplicar las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario vinculadas con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, consideró que el Ejecutivo no logró demostrar que haya cumplido de manera integral con lo establecido en la cautelar y le otorgó un nuevo plazo de cinco días para hacerlo. En caso de persistir el incumplimiento, podrán aplicarse astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.
La resolución se conoció luego de que el Gobierno cuestionara la intimación anterior y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones establecidas por la Justicia. Cormick mantuvo su criterio y volvió a exigir la ejecución de la medida.
Qué exige la cautelar
La resolución judicial alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
El primero establece el mecanismo de actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, mientras que el segundo contempla la recomposición de los programas de becas estudiantiles en función de la evolución de la inflación.
Cormick había ordenado originalmente la aplicación de estas disposiciones en una medida cautelar dictada en diciembre de 2025. La decisión fue posteriormente respaldada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.
El Gobierno acreditó un cumplimiento parcial
En su presentación ante la Justicia, el Ejecutivo había sostenido que cumplió con las obligaciones fijadas en la cautelar. Entre otros argumentos, informó sobre las negociaciones paritarias y los aumentos otorgados al personal universitario.
El Gobierno afirmó que los salarios acumularon un incremento del 226,8% desde diciembre de 2023 y consideró que esa actualización superaba la inflación tomada como referencia para el período. También señaló que las paritarias habían sido reabiertas y que se había realizado una propuesta adicional del 3%.
Sin embargo, para Cormick, la documentación presentada no permite acreditar que la recomposición haya sido calculada de acuerdo con el mecanismo establecido por la ley.
El magistrado tomó como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y señaló que, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 312,19%. A partir de ese cálculo, concluyó que el Estado no demostró haber alcanzado la actualización prevista por la norma.
Por ese motivo, consideró que existe un cumplimiento parcial, pero no integral, de la medida cautelar.
También cuestionó la situación de las becas
El otro punto sobre el que Cormick puso el foco fue la actualización de las becas estudiantiles.
La Ley 27.795 contempla la recomposición de los programas de becas en función de la inflación acumulada e incluye, entre otros, los programas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería.
Según surge de la presentación analizada por el juez, el Ejecutivo informó medidas relacionadas con la Beca Manuel Belgrano, pero sostuvo que los programas Progresar y Enfermería no quedarían comprendidos dentro del régimen establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
Cormick rechazó ese planteo al evaluar el cumplimiento de la cautelar y concluyó que la información aportada por el Estado tampoco alcanzaba para demostrar que se hubiera cumplido con el artículo 6.
El Gobierno no logró habilitar la apelación
Además de pedir que se dejara sin efecto la intimación, el Estado había presentado una apelación subsidiaria para que, en caso de que Cormick rechazara su planteo, la discusión pudiera ser analizada por la Cámara de Apelaciones.
El juez decidió no conceder ese recurso en esta instancia.
Entre sus argumentos, señaló que las sanciones económicas advertidas en la resolución todavía no fueron aplicadas y que, por lo tanto, no existe en este momento un agravio concreto que habilite la apelación subsidiaria.
El conflicto universitario continúa
La nueva resolución judicial se conoce en medio de una nueva etapa del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.
Los gremios docentes iniciaron este miércoles un paro de 72 horas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios del sector. La disputa también se mantiene abierta en los tribunales mientras continúa el expediente principal.
De esta manera, el Gobierno deberá afrontar un nuevo plazo de cinco días para acreditar ante la Justicia el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con los salarios universitarios y las becas, mientras la causa continúa su recorrido judicial.
