Enriquecimiento ilícito: vence el plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio ante la Justicia
La causa penal que investiga al exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito ingresa en una instancia determinante. Este martes 22 de septiembre expira el plazo formal —prorrogado previamente por el juez federal Ariel Lijo— para que el exfuncionario presente su descargo y responda un pliego de 20 preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita respecto a la evolución de sus bienes personales y familiares.
El requerimiento judicial busca reconstruir el flujo de fondos y bienes durante el período comprendido entre diciembre de 2023, cuando Adorni asumió funciones en la administración nacional, y el 27 de junio de 2026, fecha de su renuncia al cargo. De acuerdo con el peritaje técnico preliminar de la fiscalía, el grupo familiar acreditó ingresos formales por $229,7 millones, mientras que los egresos registrados alcanzaron los $272,8 millones, arrojando una diferencia patrimonial sin justificar de $43.068.549.
A ese desajuste en moneda nacional se agregan erogaciones en moneda extranjera estimadas en US$402.578, vinculadas a la adquisición y mejora de bienes inmuebles, compra de mobiliario, alquileres temporarios y viajes internacionales. Entre los puntos más sensibles de la pesquisa figura el desembolso en efectivo de US$245.000 destinado al contratista Matías Tabar para la refacción integral de una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Asimismo, el fiscal Pollicita solicitó acreditar el origen de fondos en efectivo incorporados en declaraciones juradas rectificativas, préstamos atribuidos a particulares, la compra de un departamento en la calle Miró al 500 en el barrio porteño de Caballito y transacciones en criptoactivos. En las presentaciones rectificadas, Adorni declaró un patrimonio de $944,5 millones al cierre de 2025, mientras que su pasivo saltó de $92,4 millones a $317,3 millones, sumando cuatro compromisos en divisa extranjera sobre los cuales la Justicia pide trazabilidad y destino de los fondos.
El cuestionario también incluye el análisis de consumos en viajes al exterior, como un traslado a Aruba con gastos por US$14.696, facturaciones notificadas a ARCA por más de $6 millones sin concordancia bancaria y extensiones de tarjetas de crédito. La justificación técnica es el paso procesal previo indispensable para que el Ministerio Público Fiscal evalúe si desestima las sospechas o si, en caso de considerar insuficientes los argumentos, solicita la declaración indagatoria del exfuncionario.