Tensión por la Marcha del Orgullo: la Ciudad pidió posponerla, pero fue ratificada

Un duro enfrentamiento político y social estalló entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones de la diversidad sexual. En medio de un clima de extrema susceptibilidad, la administración encabezada por Jorge Macri le solicitó a la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo postergar o reprogramar la histórica movilización federal con motivo del operativo de seguridad por la inminente visita de Estado del Papa León XIV. Sin embargo, la respuesta del colectivo fue tajante: rechazaron de plano la sugerencia, ratificaron la convocatoria para el sábado 7 de noviembre y acusaron al Ejecutivo local de ensayar una maniobra de censura y exhibir una manifiesta falta de compromiso con los derechos LGBT+.

La chispa de la discordia se encendió tras trascender que los funcionarios de Seguridad porteños mantuvieron contactos con los referentes de la movilización para plantear las supuestas incompatibilidades logísticas que acarrearía la confluencia de ambos sucesos. Si bien desde la sede de Parque Patricios no impusieron una prohibición explícita, transmitieron una advertencia que encendió todas las alarmas: en caso de no mover la fecha, la Ciudad no estará en condiciones de "garantizar" el acompañamiento operativo ni el despliegue de seguridad habitual para una concentración que año a año reúne a cientos de miles de personas.

Duro contraataque a Jorge Macri: "El Papa llega al día siguiente"

Frente a esta postura, la Comisión Organizadora envió una enérgica carta al despacho del jefe de Gobierno donde desarmó uno a uno los argumentos oficiales. En la misiva, los referentes señalaron que resulta inadmisible utilizar la llegada del Sumo Pontífice como excusa para frenar una de las marchas más multitudinarias del calendario argentino, haciendo hincapié en un detalle cronológico no menor: el Papa León XIV pisará suelo argentino el domingo 8 de noviembre, 24 horas después de la realización de la marcha.

Asimismo, la organización ventiló entretelones diplomáticos para dejar en evidencia a la administración porteña. Aseguraron que la orden de postergación no provino de la Casa Rosada ni existió pedido alguno por parte de fuentes oficiales del Vaticano, circunscribiendo el intento de suspensión a una decisión de orden estrictamente local. En esa línea, apelaron a la Ley porteña 6.482, normativa que consagra de manera taxativa que la potestad de fijar la fecha de la Marcha del Orgullo recae con exclusividad en las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y no en las autoridades gubernamentales de turno.

Un daño colateral a nivel federal y la denuncia de "provocación"

En su descargo, las organizaciones advirtieron sobre el colapso económico y logístico que desataría un cambio de fecha imprevisto. Al tratarse de un evento de alcance federal, miles de delegaciones de todo el país —entre artistas, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y civiles— ya adquirieron boletos aéreos y terrestres con meses de antelación y congelaron reservas hoteleras en la Capital. A esto se suma el "efecto dominó": la marcha de Buenos Aires sirve de ancla para el cronograma de decenas de movilizaciones provinciales en el interior que replican la fecha a posteriori.

Lejos de circunscribir el conflicto a una discusión de tránsito o vallas, el colectivo LGBT+ escaló el tono político y calificó la maniobra porteña como una "provocación institucional": denunciaron que el desinterés de la gestión macrista convalida un contexto de creciente violencia y retroceso en las políticas de diversidad. No obstante, la Comisión ratificó su voluntad de "trabajar de manera responsable con la Ciudad y la Nación en la diagramación operativa, sanitaria y de seguridad", dejando la pelota del lado de Uspallata en una pulseada que promete nuevos capítulos de tensión.

El comunicado completo

Carta pública al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri

Señor Jefe de Gobierno:

Las organizaciones que integramos la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo nos dirigimos públicamente a usted ante el planteo de su Gobierno de suspender la Marcha del Orgullo prevista para el próximo 7 de noviembre, argumentando dificultades operativas y de seguridad vinculadas con la visita del Papa León XIV a nuestro país.

Queremos comenzar expresando algo que debería resultar evidente: comprendemos la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad que una visita de estas características requiere.

Lo que no comprendemos es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la Ciudad de Buenos Aires, aún más teniendo en cuenta que el Papa llega a nuestro país recién al día siguiente.

Aunque se nos ha propuesto realizarla más adelante, para una movilización de estas características no existe una simple “reprogramación” sin consecuencias. La Marcha del Orgullo requiere meses de construcción colectiva, involucra a organizaciones de todo el país, convoca a millones de personas y supone una enorme coordinación de viajes, delegaciones, artistas, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda: significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar.

La Marcha del Orgullo es una marcha federal, construida durante todo el año por organizaciones de todo el país, y uno de los acontecimientos populares más masivos de la Argentina. En sus últimas ediciones ha convocado a alrededor de dos millones de personas, muchas de ellas provenientes de distintas provincias y también de otros países.

Miles de personas ya organizaron sus viajes para estar en Buenos Aires el 7 de noviembre. Muchas compraron sus pasajes y reservaron alojamiento. Organizaciones de distintas provincias organizaron colectivos y delegaciones. Artistas que acompañarán la Marcha reservaron esa fecha en sus agendas y varios de ellos no tienen posibilidad de trasladar su participación. Organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos vienen planificando desde hace meses su presencia ese día. Por otro lado, cualquier cambio en la fecha de la Marcha afectaría directamente a las decenas de marchas del orgullo en todo el país que definen su fecha a partir de la fecha de la Marcha del Orgullo Nacional, que es la que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

Por eso, la suspensión de la Marcha del 7 de noviembre no puede ser presentada como una decisión operativa menor.

Hasta el momento, ninguna autoridad del Gobierno Nacional se ha comunicado con la Comisión Organizadora para solicitar un cambio de fecha. Del mismo modo, distintas fuentes relacionadas con el Vaticano con las que hemos podido conversar nos han manifestado que tampoco existiría por parte de esa institución un pedido en ese sentido.

El planteo que hemos recibido proviene exclusivamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Y precisamente por eso nos sorprende que una Ciudad como Buenos Aires, sede permanente de acontecimientos políticos, culturales, deportivos, religiosos y sociales de enorme magnitud, manifieste no contar con la capacidad operativa necesaria para garantizar distintos eventos en días sucesivos.

Nos sorprende aún más teniendo en cuenta que el acontecimiento masivo vinculado a la presencia del Papa en la Ciudad está previsto dos días después de la Marcha y en un espacio completamente distinto de aquellos por los que históricamente se desarrolla nuestra movilización.

Buenos Aires recibe de manera permanente recitales multitudinarios, partidos de fútbol, movilizaciones sociales, congresos internacionales, eventos culturales y visitas de jefes de Estado. La coordinación entre actividades de gran escala, incluso cuando coinciden temporalmente, forma parte de las responsabilidades propias de un gobierno metropolitano.

Por eso creemos que, frente a una situación excepcional, la respuesta razonable debería ser aumentar la coordinación entre jurisdicciones y fortalecer los dispositivos de seguridad y logística, y no trasladar esa dificultad a millones de personas y a cientos de organizaciones que vienen trabajando desde hace meses.

Existe además una cuestión institucional que no puede soslayarse. La ley 6.482 de la Ciudad reconoce que la fecha de “la Marcha del Orgullo es definida por las organizaciones no gubernamentales reconocidas por su defensa de los derechos de personas LGBT+, con actividad en la Ciudad de Buenos Aires”. Esa autonomía no constituye una concesión de ningún gobierno. Es el reconocimiento de una historia construida por nuestra comunidad y de una manifestación que pertenece a las organizaciones y a las personas que la protagonizan.

Nos preocupa especialmente que el planteo de suspensión venga acompañado de la advertencia de que, si decidimos mantener la Marcha el 7 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad “no podrá acompañar” su realización.

Necesitamos decirlo con claridad: eso no significa simplemente retirar un auspicio institucional. El acompañamiento que históricamente brinda la Ciudad comprende infraestructura indispensable para un acontecimiento de esta magnitud: escenario, baños, ambulancias y distintos componentes logísticos y operativos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de organización y seguridad. Por eso, condicionar ese acompañamiento a la modificación de la fecha coloca a las organizaciones frente a una situación extremadamente delicada. Más aún: si el argumento para solicitar la suspensión es precisamente la seguridad, resulta contradictorio que la consecuencia de mantener la fecha sea retirar recursos que contribuyen directamente a garantizarla. Creemos que la responsabilidad del Estado debería operar exactamente en el sentido contrario.

Si existen circunstancias extraordinarias durante ese fin de semana, deberían reforzarse los recursos disponibles, la coordinación entre las fuerzas, los servicios sanitarios y los dispositivos logísticos necesarios para que ambos acontecimientos puedan desarrollarse normalmente.

Este planteo, por otra parte, no ocurre en el vacío. Se produce en un momento en el que nuestra comunidad observa con creciente preocupación distintas decisiones y señales del Gobierno de la Ciudad.

La Ministra de Cultura no ha recibido hasta ahora a las organizaciones que construimos uno de los acontecimientos culturales y populares más importantes que se realizan anualmente en Buenos Aires.

La Vicejefa de Gobierno realiza ataques constantes hacia nuestra comunidad y hacia las políticas públicas de diversidad a través de las redes sociales.

Se han adoptado decisiones que implican restricciones en la atención sanitaria de personas migrantes y refugiadas LGBT+, muchas de ellas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Las políticas de derechos humanos han perdido jerarquía institucional: la antigua Subsecretaría de Derechos Humanos fue degradada a una Dirección y, al mismo tiempo, el área de diversidad directamente dejó de existir institucionalmente dentro de la estructura del Gobierno de la Ciudad.

Los mencionamos porque el contexto importa. Y en este contexto, el planteo del Gobierno de la Ciudad parece una excusa más para postergar a la diversidad. ¿Se le ocurriría al Gobierno de la Ciudad plantear la suspensión de la Marcha del 24 de Marzo o la suspensión de una movilización convocada por los sindicatos para el 1ro de Mayo por algún motivo? Consideramos que no. ¿Por qué entonces lo hacen con esta movilización?

Cuando una comunidad observa una progresiva pérdida de institucionalidad de sus políticas públicas, encuentra dificultades para ser recibida por las autoridades, recibe ataques constantes de integrantes del propio Gobierno y, finalmente, se le pide suspender su principal manifestación pública bajo la advertencia de que, si no acepta hacerlo, perderá el acompañamiento estatal, resulta inevitable que exista preocupación y rechazo.

Buenos Aires ha construido durante décadas una identidad internacional vinculada con la libertad, la diversidad, la cultura y los derechos humanos. Y nuestra Marcha del Orgullo es de las 5 marchas más multitudinarias del mundo. Sin ir más lejos, organizaciones como el WorldPride invitan a la Ciudad a paneles internacionales para dar cuenta de esta realidad. No deberíamos retroceder en aquello que nos convirtió en una referencia regional e internacional.

Las grandes ciudades del mundo lo han entendido hace tiempo. Madrid, Barcelona, Nueva York, París y muchas otras ciudades acompañan institucional y presupuestariamente sus marchas y celebraciones del Orgullo, incluso bajo gobiernos de orientaciones políticas absolutamente diferentes.

Muchas veces lo hacen por compromiso con la igualdad y con la diversidad, pero también porque han comprendido que estos acontecimientos son extraordinariamente valiosos para sus ciudades. Generan turismo nacional e internacional, ocupación hotelera, actividad gastronómica, consumo, trabajo cultural, producción artística y movimiento económico.

La Marcha del Orgullo también produce todo eso para Buenos Aires. Durante ese fin de semana llegan personas desde distintos lugares de la Argentina y del exterior, se ocupan hoteles, trabajan restaurantes y comercios, se movilizan artistas, productores, técnicos, trabajadores y cientos de emprendimientos. La Ciudad recibe muchísimo de la Marcha del Orgullo.

Por eso resulta razonable esperar que también esté dispuesta a acompañarla. No estamos solicitando ningún privilegio. Estamos pidiendo que los distintos niveles del Estado hagan aquello para lo cual existen: coordinarse, organizarse y garantizar derechos. Una Ciudad con la dimensión, los recursos y la experiencia de Buenos Aires debería poder recibir al Papa y garantizar, al mismo tiempo, que millones de personas ejerzan su derecho a manifestarse. Una cosa no debería excluir a la otra. De hecho, la capacidad de hacer convivir acontecimientos, identidades, creencias y expresiones sociales diferentes es precisamente una de las características de una ciudad plural y democrática.

Por todo esto, señor Jefe de Gobierno, le solicitamos que intervenga personalmente para revisar la decisión que nos ha sido comunicada y que garantice el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad a la Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre.

Estamos, como siempre, a disposición para trabajar responsablemente junto con las autoridades de la Ciudad y de la Nación en todos los aspectos operativos, sanitarios, logísticos y de seguridad que resulten necesarios. Lo que no consideramos razonable es que la solución frente a una dificultad de coordinación estatal consista en plantearle a nuestra comunidad que desarme meses de organización, que miles de personas modifiquen viajes ya contratados, que delegaciones de todo el país reorganicen su participación y que artistas y organizaciones alteren compromisos asumidos desde hace meses.

La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre. Esperamos que el Gobierno de la Ciudad encuentre las herramientas para acompañarla, garantizarla y cuidarla. La Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos, la experiencia y la capacidad para hacerlo.

Y esperamos también que su Gobierno comprenda que acompañar la diversidad no consiste solamente en reivindicarla discursivamente o cuando no genera dificultades. Gobernar una ciudad diversa significa garantizar efectivamente esa diversidad cuando requiere decisiones, recursos, coordinación y compromiso político.