Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
La causa penal iniciada contra Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, dio un giro procesal determinante en los tribunales tucumanos. La Justicia provincial resolvió declararse incompetente para seguir interviniendo en la pesquisa por la presunta megaestafa piramidal y ordenó remitir todas las actuaciones al fuero federal, al concluir que las maniobras denunciadas exceden el marco de estafas individuales y configuran el presunto delito de intermediación financiera no autorizada.
La resolución fue dictada por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien hizo lugar al requerimiento formal presentado por el fiscal Diego Hevia, titular de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. Según el criterio judicial, la captación masiva de ahorros sin autorización formal del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no solo lesiona el patrimonio de los particulares, sino que vulnera la confianza colectiva en el sistema financiero.
Rendimientos en dólares y cesación de pagos
El expediente se inició tras la denuncia penal de una quincena de ahorristas que entregaron importantes sumas a la firma comercial bajo la promesa de retornos extraordinarios:
El esquema de inversión: La captación de fondos se realizaba asociada a la actividad comercial de “Lebron Suplementos”, ofreciendo tasas de retorno que rondaban el 7% mensual en pesos y el 3,4% mensual en dólares.
El volumen del perjuicio: De acuerdo con las presentaciones incorporadas al legajo, el monto global comprometido en la presunta defraudación supera los $536 millones.
Ruptura de la cadena de pago: Si bien algunos inversionistas señalaron incumplimientos desde mediados de 2023 y 2024, la cesación masiva de cobros se precipitó en febrero de 2025 y se tornó crítica a comienzos de 2026, desatando escraches en redes sociales y la posterior vía penal.
La postura de la defensa y el pedido de quiebra
Frente a las acusaciones en su contra, Alderete negó la existencia de una estafa deliberada y atribuyó el corte de pagos a un estrangulamiento económico: "No estafé a nadie; por diferentes problemas no pude cumplir con los contratos", argumentó, alegando que continuó liquidando montos parciales pero que le resulta inviable satisfacer las exigencias de todos los acreedores. En paralelo al proceso penal, el empresario acudió al fuero civil y comercial para tramitar la apertura formal de su concurso o quiebra, presentada el pasado 5 de julio.
Al resolver la competencia, el magistrado remarcó que desdoblar el expediente —dejando las denuncias por estafa en la órbita local y la intermediación ilegal en la federal— atentaría contra la unidad de la investigación y fragmentaría el análisis integral del esquema financiero desplegado.